El artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/1371, define el fraude como una acción deliberada de engaño con ánimo de lucro personal o de perjudicar a otra parte.

Así, respecto a la acción u omisión intencionada, precisa que:

• “2. A los efectos de la presente Directiva, se considerará fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión lo siguiente:

a)  en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u omisión relativa a: 

i)el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre, 

ii)el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o 

iii)el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial;

b) en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, causando una pérdida para los intereses financieros de la Unión, cualquier acción u omisión relativa a: 

i)el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre; 

ii)el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o

iii)el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión;

c) en materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA a que se hace referencia en la letra d), cualquier acción u omisión relativa a:

i)el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto de la Unión o de los presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,

ii)el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto, o

iii)el uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto;

d) en materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con:

i)el uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del presupuesto de la Unión,

ii)el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información relativa al IVA, que tenga el mismo efecto; o

iii)la presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de forma fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a la devolución del IVA.”

Responsable: Sociedad para el Desarrollo de Canarias S.A. «Sodecan»  

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Información Actualizada a 20 de junio de 2022

Última revisión a 24 de junio de 2022

A tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2988/95 del Consejo, se considera una irregularidad, un incumplimiento de las normas de la Unión, que tiene posibles repercusiones negativas para sus intereses financieros, pero puede deberse a meros errores, ya sea de los beneficiarios de los fondos, o de las administraciones responsables de gestionarlos. Sin perjuicio de que cuando la irregularidad es deliberada, directamente es fraude.

Así, refiere que:

“2. Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.”

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Última revisión a 24 de junio de 2022

La Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal; que define el perjuicio de la corrupción o cohecho, y las formas de corrupción existentes, tal que:

• En su Considerando (8), refiere respecto al perjuicio de la corrupción o cohecho, que: “La corrupción, o cohecho, constituye una amenaza especialmente grave para los intereses financieros de  la Unión que, en muchos casos, puede estar también vinculada a una conducta fraudulenta. Dado que cualquier funcionario público tiene la obligación de ejercer su criterio o valoración discrecional de manera imparcial, deben incluirse en la definición de corrupción ante el pago de sobornos para influir en el criterio o la valoración discrecional de un funcionario público como la aceptación de dichos sobornos, con independencia de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en el país de dicho funcionario público o a la organización internacional de que se trate.”

• Su artículo 4, apartado 2 b), define la corrupción activa como: “A efectos de la presente Directiva, se entenderá por corrupción activa la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.”

• Su artículo 4, apartado 2 a), define la corrupción pasiva como: “A efectos de la presente Directiva, se entenderá por corrupción pasiva la acción de un funcionario que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión.”

Todo ello, vistos:

• el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 83, apartado 2;
• la Propuesta de la Comisión Europea; previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales;
• el Dictamen del Comité de las Regiones y de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario; define las infracciones, en su artículo 4 sobre Otras infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión, y sin perjuicio de la aplicación del artículo 1, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

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Última revisión a 24 de junio de 2022

La Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal; que define la malversación tal que:

• Su artículo 4, apartado 3, define malversación como: “A efectos de la presente Directiva, se entenderá por malversación el acto intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión.”

Todo ello vistos:

• el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 83, apartado 2;
• la Propuesta de la Comisión Europea; previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales;
• el Dictamen del Comité de las Regiones y de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario; define las infracciones, en su artículo 4 sobre Otras infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión, y sin perjuicio de la aplicación del artículo 1, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

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Última revisión a 24 de junio de 2022

Cualquier persona puede alertar o denunciar en la entidad,  hechos que puedan ser considerados constitutivos de irregularidades, de corrupción, de conductas fraudulentas o ilegales, o contrarias a la prestación de servicio público y a los intereses generales que la organización desarrolla, de acuerdo a sus funciones, competencias, misión y valores.

Una vez alertada la entidad, se analiza la verosimilitud de los hechos, y se verifica si se tiene competencia para investigarlos.

Debe saber que si la persona denunciante actúa con falta de veracidad,  aporta datos erróneos conscientemente, o  su finalidad no es contribuir a las buenas prácticas de la entidad, sino denigrar a la persona denunciada o perjudicar a la institución y su buen nombre, se le exigirán las responsabilidades que correspondan en cada caso, no pudiendo ser la organización responsable del daño a terceros.

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Última revisión a 24 de junio de 2022

Las alertas o denuncias realizadas en la entidad, pueden ser anónimas.

La verosimilitud de los hechos expuestos, son más importantes que la identidad de la persona que presenta dicha denuncia.

Ahora bien, la posibilidad de mantener un canal de comunicación abierto con el alertante facilita y acelera el proceso de análisis para lograr una adecuada protección, incluidas las medidas antifraude.

Las denuncias en la entidad pueden presentarse de manera anónima mediante cualquiera de las vías, excepto a través del Registro por sede electrónica, ya que para ello se requiere identidad telemática o certificado digital, que le identifica.

Se ha habilitado una Ficha de Alertas o Denuncias Anónimas para facilitar al alertante este proceso desde la entidad, como canal de admisión de las comunicaciones, ya que permite mantener el anonimato durante todo el proceso.

La bidireccionalidad de las comunicaciones, la ocultación del dispositivo electrónico, o su dirección IP desde la que el alertante se conecta a la red de su elección, es su responsabilidad. No obstante desde la entidad ningún dato electrónico será divulgado.

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Última revisión a 24 de junio de 2022

Antecedentes

Desde 2018, escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o Cambridge Analytica pusieron de manifiesto que los denunciantes de irregularidades desempeñan un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.

Directiva Whistleblowing

Con la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, [no cuenta con transposición para España, en anteproyecto de ley desde marzo 2022], resulta incorporada la regulación para la puesta a disposición pública de buzones de denuncia, tanto internos como externos, al objeto de alertar sobre irregularidades contra cualquier derecho de la Unión, y sin consideración de fronteras. La Directiva complementa cualquier legislación específica de la UE que ya contenga normas en materia de denuncias, especialmente servicios financieros, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medioambiental.

Transposición para España

En marzo de 2022 el Consejo de Ministros del Gobierno de España, aprobó el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, y de aplicación a los denunciatntes del sector privado o público y que obtengan información sobre infracciones en el contexto laboral , estableciendo normas mínimas comunes de protección en ámbitos considerados con afectación directa al interés general. Este anteproyecto va con retraso, ya que a finales de enero la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción a 24 paises tras sobrepasar el plazo del 17 de diciembre de 2021 sin transposición nacional para la norma.

Ámbito de aplicación material

Tal y como expresa su Artículo 2, el Ámbito de aplicación material, refiere que: «1. La presente Directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen sobre las siguientes infracciones del Derecho de la Unión: a) infracciones que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el anexo relativas a los ámbitos siguientes: i) contratación pública, ii) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, iii) seguridad de los productos y conformidad, iv) seguridad del transporte, v) protección del medio ambiente, vi) protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear, vii) seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, viii) salud pública, ix) protección de los consumidores, x) protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información; b) infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión tal como se contemplan en el artículo 325 del TFUE y tal como se concretan en las correspondientes medidas de la Unión; c) infracciones relativas al mercado interior, tal como se contemplan en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades. 2.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros para ampliar la protección en su Derecho nacional a otros ámbitos o actos no previstos en el apartado 1.»

Más sobre la Directiva a continuación.

Quiénes gozan de protección

Gozan de protección las personas que hagan públicas sus preocupaciones siempre que:

• ya hayan denunciado por canales (internos y) externos sin que se tomaran medidas;
• tengan la percepción razonable de que existe un peligro inminente o claro para el interés público, riesgo de represalias o poca probabilidad de que se aborden sus preocupaciones debidamente.

Protección jurídica

Para ser objeto de protección jurídica, una persona debe:

• tener razones suficientes para creer que la información que denuncian está contemplada en la legislación y que es verdadera en el momento de la denuncia;
• se incentiva a los denunciantes a que denuncien primero por canales internos (dentro de la organización), cuando se pueda abordar la infracción internamente con eficacia y cuando consideren que no existe riesgo de represalias. No obstante, pueden elegir entre denunciar internamente primero o denunciar directamente a las autoridades competentes de forma externa.

¿Desde cuándo está en vigor la Directiva?

Está en vigor desde el 16 de diciembre de 2019 y tiene que adquirir rango de ley en los países de la UE a más tardar el 17 de diciembre de 2021.

Los medios de denuncia y su pertinencia

• Canales internos: todas las empresas privadas con cincuenta empleados o más y, en principio, todas las entidades públicas deben establecer canales de denuncia efectivos que velen por la confidencialidad; los organismos públicos con menos de cincuenta empleados y los municipios con menos de 10 000 pueden quedar exentos, excepto los tipificables como de riesgo financiero, blanqueo de capitales u otros de características equivalentes en la legislación europea y TFUE. 
• Canales externos: las autoridades nacionales correspondientes deben establecer canales de denuncia que permitan denunciar confidencialmente.
• Procedimientos de seguimiento y plazos para el tratamiento de las denuncias que se reciban por canales internos y externos. Entre ellos, los siguientes:
  • Deber de no revelar la identidad del denunciante, excepto en circunstancias estrictamente limitadas.
  • Conformidad con la legislación de protección de datos de la UE.
  • Registros de toda denuncia recibida de forma oral o por escrito.

En ningún caso

Esta Directiva en ningún caso:

• Afecta a la responsabilidad de los gobiernos de la UE de proteger su seguridad nacional;
• Afecta al Derecho de la UE o nacional relativo a la protección de información clasificada, al secreto profesional de los médicos y abogados, al secreto de las deliberaciones judiciales o a las normas de enjuiciamiento criminal;
• Invalida las normas nacionales relativas al ejercicio del derecho de los trabajadores a consultar a sus representantes o sindicatos.

Para comprender qué son los intereses financieros de la Unión, qué se considera una irregularidad o un fraude, por favor consulte la sección sobre La Organización y su Responsabilidad Compartida.

Respecto a los buzones de denuncias a los que se refiere la directiva, distingue entre internos y externos.

Sujetos obligados

En cuanto a sujetos obligados a contar con estos buzones, establece los casos en que:

• empresas de más de 50 trabajadores
• y para todas aquellas otras que, si bien no llegan a ese número de trabajadores, están sujetas a alguna normativa especial como el blanqueo de capitales.

Además, cabe recordar que en su considerando (17) «Específicamente, la protección de los denunciantes para reforzar la aplicación del Derecho de la Unión en materia de competencia, incluidas las ayudas otorgadas por los Estados, serviría para proteger el funcionamiento eficiente de los mercados de la Unión, permitir la igualdad de condiciones para las empresas y ofrecer beneficios a los consumidores. En lo que atañe a las normas de competencia aplicables a las empresas, la importancia de la información privilegiada para la detección de las infracciones del Derecho de la competencia ya ha sido reconocida en la política de clemencia seguida por la Comisión en virtud del artículo 4 bis del Reglamento (CE) nº773/2004 de la Comisión y con la reciente introducción por la Comisión de un instrumento de denunciante anónimo. Las infracciones relativas al Derecho de la competencia y las normas de ayudas otorgadas por los Estados afectan a los artículos 101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE y a normas de Derecho derivado adoptadas para su aplicación.» Además de que en su Artículo 2 c), respecto a ayudas y su incidencia fiscal, explicita que las «infracciones relativas al mercado interior, tal como se contemplan en elartículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades.»

Y respecto a infracciones en el ámbito fiscal, (18) especifica que: «La presente Directiva debe proporcionar protección frente a represalias para las personas que denuncien prácticas fraudulentas y/o de evasión fiscal que de otro modo no serían detectadas, con vistas a reforzar la capacidad de las autoridades competentes para proteger el buen funcionamiento del mercado interior y eliminar los falseamientos y los obstáculos al comercio que afecten a la competitividad de las empresas en el mercado interior, que están relacionados directamente con las normas sobre libre circulación y son también pertinentes para la aplicación de las normas sobre ayudas otorgadas por los Estados. «

Y (20) refiere que «Determinados actos de la Unión, en particular en el ámbito de los servicios financieros, como el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 28 y la Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión 29, adoptada sobre la base de dicho Reglamento, ya contienen normas detalladas sobre protección de denunciantes. Se debe mantener toda norma específica al respecto establecida en dicha legislación vigente de la Unión, incluidos los actos de la Unión enumerados en la parte II del anexo de la presente Directiva, que se adaptan a los sectores correspondientes. Este aspecto es especialmente importante para determinar qué entidades con personalidad jurídica en el ámbito de los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo están actualmente obligadas a establecer canales de denuncia interna. «

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En esta sección puede descargar la Ficha de Alerta o Denuncia a cumplimentar. Cuenta con dos tipos de Ficha:

• Ficha de Alerta o Denuncia
• Ficha de Alerta o Denuncia Anónima

La verosimilitud de los hechos expuestos, son más importantes que la identidad de la persona que presenta dicha denuncia. Ahora bien, la posibilidad de mantener un canal de comunicación abierto con el alertante facilita y acelera el proceso de análisis para lograr una adecuada protección, incluidas las medidas antifraude.

Para cumplimentarla conviene que repase toda la información que consta en esta página relativa a Políticas de Integridad para que pueda discernir sobre qué tipo de hecho alerta o denuncia, y ofrecer la información precisa al respecto, preservando las garantías y derechos de todas las partes.

En caso de desear preservar su anonimato, recuerde que la entidad no puede responsabilizarse de su confidencialidad respecto a terceros, respecto a los dispositivos electrónicos ni  la red de su elección desde la que se conecta y que pueden identificarle mediante la MAC del dispositivo y la IP de su acceso. Las denuncias en la entidad pueden presentarse de manera anónima mediante cualquiera de las vías, excepto a través del Registro por sede electrónica, ya que en ese caso el sistema hace uso de su identidad telemática o su certificado digital, que le identifica.

Recuerde que está haciendo uso de un buzón interno dentro de la organización puesto a disposición para alertar o denunciar cualquier hecho o sospecha en las condiciones y temáticas en las que la entidad puede actuar. Revise las distintas secciones. Si tiene dudas, póngase en contacto en las vías publicadas en esta página sobre Políticas de Integridad.

Una vez cumplimentada la Ficha, deberá remitirla por las siguientes vías.

Por Internet 

Enviándola por correo electrónico a [email protected]

Presencialmente 

En nuestras oficinas en el registro general, o en cualquier registro de las administraciones públicas haciendo constar el destinatario:

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias S.A.

A./A. Departamento de Análisis Financiero y de Riesgos

Sede en Gran Canaria:
Avenida Alcalde José Ramirez Bethencourt, 17.
Las Palmas de Gran Canaria
Tfno. 928 29 65 55

Sede en Tenerife:
Villalba Hervás, 4, planta 6
Santa Cruz de Tenerife.
Tfno. 922 29 80 20

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Última revisión a 24 de junio de 2022

Tal y como refiere el Plan Antifraude de Canarias, y tomando como base en la definición de conflicto de interés el artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, que ha venido a reforzar las medidas de protección de los intereses de la Unión, las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés, permiten ejercer mecanismos de prevención, frente a este tipo de riesgos, muchas veces aparentes, en los que tanto los gestores como los beneficiarios pueden verse inmersos.

Puede descargar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) en los siguientes enlaces:

• DACI para gestores 
• DACI para beneficiarios

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Última revisión a 24 de junio de 2022

Los aspectos de prevención y autoprotección incluidos en el Protocolo de Integridad de Sodecan, —equivalente en su aplicación a su Procolo de Transparencia–, son los recomendados por la doctrina emanada de la legislación vigente, siguiendo la doctrina de las políticas de integridad de la propia Unión Europea, del Estado, y del Gobierno de Canarias, con especial foco en la gestión pública de fondos europeos, a beneficio de terceros externos a la organización, para que puedan conocer e incorporar las buenas prácticas de la organización.

El Protocolo de Integridad de Sodecan o Instrucción Técnica en Buenas Prácticas, detalla aspectos respecto a su:

• Código ético y buenas prácticas.
• Responsabilidades compartidas por toda la cadena de valor frente a marcos normativos. 
• Compromisos expresos como la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés o DACI.
• Procedimiento para Alertas o Denuncias Internas.
• Ficha de Alertas o Denuncias.
• Ficha de Alertas o Denuncias Anónimas.
• Diferencias entre irregularidad, fraude, corrupción, otros.
• Competencia para actuar internamente o para acudir a las autoridades. 
• Otros relacionados.

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Fecha de creación del Documento 30 de enero de 2022

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